Los expertos, por fin, se han puesto de acuerdo. Las autoridades sanitarias acaban de declarar el fin “oficial” de la pandemia con millones de muertos que se podían haber evitado. Las dudas iniciales de los gestores y de los políticos provocó una reacción tardía ante una avalancha que nadie supo ver su tamaño y las consecuencias que tenía. Es el reconocimiento de un gran fracaso. Siempre pasa lo mismo con las grandes catástrofes, nadie es capaz de preverlas ni de valorar sus consecuencias.

 

La historia se repite una vez más, pero en este caso, y en pleno siglo XXI, parece mentira que nadie supiera ver lo que iba a suceder en muy poco tiempo con consecuencias directas en la salud, la economía y la vida de las personas. Desde finales de 2019 hasta ahora han sido casi tres años donde todos hemos aprendido a convivir con un virus que nos ha marcado y que la mayoría hemos podido superar, afortunadamente, gracias a las vacunas. En el camino, han quedado demasiadas personas, muchos fallecimientos, infinidad de consecuencias secundarias y, sobre todo, una afectación directa a nuestra salud mental de la que todavía no somos conscientes de valorar su magnitud. 

 

No debemos olvidar que hoy todavía siguen muriendo personas a consecuencia indirecta de la covid-19, ya que afecta a nuestro sistema inmune, saca a luz nuestras debilidades y fomenta el crecimiento de otras enfermedades. Además, durante estos dos años han quedado “aparcados” el resto de tratamientos médicos de otras patologías y/o dependencias y, por tanto, no somos capaces de valorar qué puede pasar en el futuro en personas enfermas de cáncer o de cualquier enfermedad rara, por ejemplo.

 

También hemos visto con claridad las costuras de nuestro sistema sanitario, como la falta de personal, de especialistas, de centros sanitarios y, sobre todo, de inversión en la salud pública. Prueba de ello es que todo aquel que ha podido se ha incorporado al sistema sanitario privado, lo que produce una discriminación hacia quien menos tiene y deja desamparado el sistema sanitario público y universal. Las diferencias entre comunidades autónomas, que gestionan nuestra salud, son demoledoras. Habría que incluir en los presupuestos un destino finalista obligatorio de la inversión y el gasto en sanidad y en investigación.  Esta pandemia nos ha desnudado y ha puesto en evidencia nuestras debilidades. Por el camino se han quedado los más desamparados. Está en nuestra mano que no vuelva ocurrir y evitar que estos desastres acaben con las vidas de millones de personas. Evitar tropezar varias veces con la misma piedra.